Informador Independiente/Martha J. Dueñas.- Ernesto Sánchez Rodríguez diputado del PAN reprobó la actitud de los más altos tribunales locales en materia electoral y de justicia, al imponerse en contra de las atribuciones adquiridas en la recién aprobada Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, misma que incluye la declaración 3 de 3 obligatoria.

“Los jueces y magistrados son pagados con recurso que surge de los impuestos de la ciudadanía, por lo cual deben someterse todos servidores públicos a lo que establece la ley sin excepción”, enfatizó el diputado del PAN, Sánchez Rodríguez  a nombre de la bancada de su partido en la Asamblea Legislativa del D.F.

Como Presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión del órgano legislativo, adelantó el diputado del PAN que es necesario instalar una mesa de diálogo con los jueces y magistrados con objeto de intercambiar puntos de vista y desahogar sus inquietudes sobre los criterios de esta nueva ley de transparencia que tiene, señaló, elementos para una lucha frontal en contra de la corrupción.

El diputado del PAN subrayó que desde la ALDF “velaremos porque la ley de transparencia sea una ley y se aplique para todos”, ya que Acción Nacional está en contra de la corrupción y esta medida, es una herramienta que previene la corrupción además de transparentar a dónde termina el dinero de los capitalinos. Dijo que es necesario crear una sinergia desde los tres niveles de gobierno para que la rendición de cuentas sea una realidad y no simple voluntad de los funcionarios.

El diputado Sánchez comentó que es prioridad que los cambios que se están dando en la ciudad vayan encaminados a la creación de un Sistema Local Anticorrupción acorde al sistema federal y con estas adecuaciones se logre un avance en materia de transparencia, rendición de cuentas y “golpe frontal en materia de corrupción”.

El panista recordó que esta nueva ley de transparencia se avaló ante el Pleno de la ALDF durante el periodo extraordinario pasado, con 41 votos a favor y en la cual, se incluyó la voz de los académicos expertos en la materia, así como de organizaciones de la sociedad civil.

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